El gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich a la cabeza, presentó formalmente su proyecto de reforma del Código Penal, generando un intenso debate en la sociedad argentina. La iniciativa, presentada en un acto en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, promete un endurecimiento generalizado de las penas, la reducción de la edad de imputabilidad y la incorporación de nuevos delitos, buscando, según el oficialismo, combatir la creciente inseguridad.
¿Qué propone la reforma?
La reforma, que unifica el Código Penal vigente con numerosas leyes especiales sancionadas a lo largo del último siglo, expande el cuerpo normativo de 316 a 920 artículos. Entre los puntos clave se encuentran:
- Agravamiento de penas: Aumento de las condenas mínimas y máximas para diversos delitos, incluyendo homicidios, lesiones y abuso de armas. Por ejemplo, el homicidio simple podría pasar a tener una pena de 10 a 30 años.
- Nuevos delitos: Incorporación de figuras delictivas relacionadas con el cibercrimen, la inteligencia artificial y el crimen organizado transnacional.
- Baja en la edad de imputabilidad: Uno de los puntos más controvertidos, que busca reducir la edad a partir de la cual un menor puede ser juzgado como adulto.
- No prescripción de delitos graves: Se propone la imprescriptibilidad de delitos como abuso sexual, trata de personas y narcotráfico.
Críticas y controversias
Si bien el gobierno argumenta que la reforma es necesaria para modernizar el sistema penal y brindar mayor seguridad a la población, diversos sectores han expresado fuertes críticas. Algunos expertos señalan que el endurecimiento de las penas no necesariamente reduce la criminalidad y que es fundamental abordar las causas sociales del delito. La propuesta de bajar la edad de imputabilidad también ha generado rechazo por parte de organizaciones de derechos de la infancia.
Además, la implementación de este tipo de medidas, especialmente en un contexto de crisis económica y social, podría generar un aumento de la población carcelaria y tensiones en el sistema penitenciario. Habrá que ver cómo avanza el debate en el Congreso y si se logran consensos para una reforma que realmente contribuya a mejorar la seguridad y la justicia en Argentina.
Es importante destacar que estas reformas se están dando en un contexto donde existen denuncias de lawfare y persecución judicial contra opositores políticos, como el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Es crucial que cualquier reforma al sistema penal garantice la imparcialidad judicial y el respeto a las garantías constitucionales.