Emergencia en Discapacidad: Senado tumba veto de Milei en medio de escándalo
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En un revés significativo para el gobierno de Javier Milei, el Senado argentino rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La votación, que superó ampliamente los dos tercios necesarios, reactiva una legislación crucial para el sector. Esta decisión se produce en un contexto político tenso, marcado por el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra denuncias de sobornos y comisiones que salpican al entorno presidencial.
Reactivación de la Ley de Emergencia en Discapacidad
La ley, que ahora vuelve a estar en vigor, declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus puntos clave, se incluyen la reformulación de las pensiones no contributivas y la actualización de aranceles y compensaciones económicas. Esta medida busca paliar las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad y garantizar el acceso a recursos esenciales.
Escándalo en la ANDIS y acusaciones contra el entorno presidencial
El debate en el Senado estuvo fuertemente influenciado por el escándalo que sacude a la ANDIS. Audios filtrados revelan un presunto esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos, en el que se menciona a Karina Milei recibiendo comisiones a través de la droguería Suizo Argentina. Si bien Karina Milei no ha sido formalmente imputada, su nombre, como el de Javier Milei, ha sido vinculado al caso debido a su cercanía con Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS.
La oposición ha utilizado este escándalo para cuestionar la integridad del gobierno y su compromiso con las políticas de inclusión. La reactivación de la Ley de Emergencia en Discapacidad se presenta como una respuesta a la crisis y una forma de proteger los derechos de las personas con discapacidad frente a posibles recortes y ajustes.
Repercusiones políticas y estrategia del gobierno
Ante la derrota en el Senado, el gobierno de Milei estaría preparando una estrategia judicial para intentar frenar la aplicación de la ley. Sin embargo, el contexto político adverso, marcado por el escándalo en la ANDIS y la creciente presión de la oposición, dificulta cualquier intento de revertir la decisión del Congreso. La situación pone de manifiesto la fragilidad del gobierno y su dificultad para construir consensos en un escenario político cada vez más polarizado.