Corrupción en OSPRERA: Investigación por Pagos Millonarios a Droguería
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La Justicia argentina ha puesto la lupa sobre la Obra Social de los Peones Rurales (OSPRERA), tras destaparse una serie de denuncias por presuntos manejos irregulares y negocios millonarios. La investigación se centra en pagos significativos realizados a una droguería ya envuelta en controversias relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y acusaciones de coimas.
Pagos Bajo la Lupa
Según las investigaciones, Marcelo Petroni, interventor de OSPRERA, firmó un acuerdo con una droguería apenas dos meses después de asumir su cargo. Este acuerdo buscaba regularizar una deuda de cuatro meses y asegurar el suministro continuo de medicamentos. Sin embargo, la magnitud de las transacciones ha generado sospechas. Se investigan más de 100 facturas diarias que suman un total de 7 mil millones de pesos.
Conexión con el Escándalo ANDIS
La droguería en cuestión, Suizo Argentina SA, ya se encuentra en el centro de la polémica por presuntas coimas vinculadas a la ANDIS. Audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, sugieren un sistema de retornos del 8% en los contratos, involucrando incluso a figuras de alto rango del gobierno. Esta conexión agrava aún más la situación y amplía el alcance de la investigación.
Contratos Provinciales bajo Sospecha
Un relevamiento realizado por la Red Federal de Periodismo e Innovación reveló que Suizo Argentina SA ha celebrado al menos 250 contratos con nueve provincias argentinas entre 2024 y 2025, facturando casi 50 mil millones de pesos. Las provincias involucradas son Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Río Negro, San Luis, Tierra del Fuego, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Buenos Aires lidera con contratos por 34 mil millones de pesos.
- Tierra del Fuego acumula la mayor cantidad de contratos, con 92 expedientes.
Implicaciones Políticas
Las denuncias alcanzan al entorno cercano del Presidente, generando un fuerte impacto político. La transparencia en la gestión de los fondos públicos y la rendición de cuentas se vuelven cruciales ante estas acusaciones. La investigación judicial deberá determinar si existieron irregularidades y quiénes son los responsables.