Bolsonaro bajo la lupa: arresto domiciliario, tobillera electrónica y silencio en redes
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La Policía Federal de Brasil (PF) ejecutó este viernes una operación que sacudió el panorama político brasileño, apuntando directamente al expresidente Jair Bolsonaro. Agentes federales allanaron la residencia de Bolsonaro y la sede del Partido Liberal (PL) en Brasilia, incautando alrededor de 14 mil dólares y 8 mil reales. Además, confiscaron el teléfono celular del exmandatario.
Medidas cautelares severas
Por orden del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, Bolsonaro deberá utilizar una tobillera electrónica y será monitoreado las 24 horas del día. Asimismo, se le prohibió el acceso a las redes sociales y la comunicación con su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos gestionando sanciones contra el propio Moraes.
Restricciones adicionales
Las restricciones impuestas a Bolsonaro incluyen arresto domiciliario nocturno (de 19:00 a 7:00) y de tiempo completo los fines de semana. Tampoco podrá comunicarse con embajadores o diplomáticos extranjeros ni acercarse a embajadas.
Reacciones y cargos
La operación, autorizada por el STF tras un dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (PGR), investiga presuntos delitos de coerción en el curso del proceso, obstrucción a la justicia y ataque a la soberanía nacional.
La defensa de Bolsonaro expresó su “sorpresa e indignación” ante las medidas cautelares, alegando que el expresidente siempre ha cumplido con las determinaciones del Poder Judicial. Sin embargo, el ministro Moraes argumentó que Bolsonaro y su hijo Eduardo han cometido “claros y expresos actos ejecutorioss y flagrantes confesiones de la práctica de actos criminales”.
Implicaciones políticas
Este caso sin duda tendrá un impacto significativo en la política brasileña, generando un debate intenso sobre la legalidad y la proporcionalidad de las medidas impuestas a Bolsonaro. La prohibición de usar redes sociales, en particular, plantea interrogantes sobre la libertad de expresión y el derecho a la participación política.