El Gobierno nacional acaba de definir un nuevo esquema de ajustes salariales para las empleadas domésticas en abril de 2026, que refleja un esfuerzo por alinear los ingresos con el costo de vida. Este ajuste, que incorpora un incremento del 1,8% en abril, forma parte de una serie de modificaciones que buscan garantizar que las trabajadoras de casas particulares no queden atrás en el tiempo económico.
Según el informe de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, los salarios de las empleadas domésticas en abril 2026 se ajustarán a un aumento acumulado de 1,8%, seguido por 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Estos incrementos son escalonados y acumulativos, lo que significa que el total anual de ajustes alcanzará el 7,3% para el final del año.
Es importante destacar que este acuerdo se produce en un contexto de alta inflación. Según datos oficiales, la inflación acumulada en el primer trimestre del año superó el 9,4%, lo que genera una tensión entre el crecimiento salarial y la presión inflacionaria. El nuevo esquema busca mitigar esta brecha, pero los trabajadores seguirán enfrentando desafíos ante la desaceleración de las políticas económicas.
¿El aumento del 6,3% supera la inflación? ¿Qué implica esto para las trabajadoras?
Un punto crucial en el tema es que el incremento del 6,3% acordado para las trabajadoras de casas particulares se suma al 1,5% de marzo, quedando por debajo del 9,4% de inflación acumulada en el primer trimestre. Esto significa que, aunque el ajuste es significativo, el salario no alcanza el nivel necesario para compensar la erosión del poder adquisitivo.
- El aumento del 1,8% en abril es el primer paso en una serie de ajustes mensuales.
- El total anual de incrementos (7,3%) sigue siendo menor que la inflación acumulada (9,4%).
- El nuevo esquema no aborda el problema de la desigualdad salarial entre trabajadoras de casas particulares y otros sectores.
Este tipo de ajustes, aunque bien intencionados, no resuelve la profundidad de la crisis económica. Los trabajadores de casas particulares, que representan un sector vital en el país, siguen enfrentando una situación crítica. El gobierno debe considerar políticas más ambiciosas que no solo se centren en ajustes periódicos, sino en una revisión estructural de las políticas laborales.
