Ataque a TN: La Justicia Federal investiga intimidación pública y nexos K
La investigación sobre el ataque al edificio de Artear, donde operan TN y eltrece, ha dado un giro significativo. Originalmente en manos de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el caso ahora es competencia federal, al reclasificarse el delito como "intimidación pública". Este cambio abre nuevas líneas de investigación sobre la motivación y los responsables detrás del incidente.
El ataque vandálico, ocurrido poco después de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, incluyó pintadas, rotura de vidrios y daños a la propiedad. Si bien la condena a CFK ha sido objeto de controversia, con críticas sobre la falta de imparcialidad judicial y acusaciones de lawfare, el ataque a un medio de comunicación plantea serias interrogantes sobre la libertad de expresión y la tolerancia política.
Vínculos con La Cámpora bajo la lupa
Un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) ha revelado posibles vínculos entre los imputados y militantes de La Cámpora, así como otros sectores del kirchnerismo. Se investigan las comunicaciones de los sospechosos, incluyendo al concejal de Tres de Febrero, Juan Debandi, y otros militantes, buscando determinar su grado de participación y la posible existencia de una planificación previa.
- Se analizan llamadas telefónicas y ubicaciones de los implicados durante el ataque.
- Se busca determinar si existió coordinación o instigación por parte de figuras políticas.
- La investigación busca esclarecer si el ataque fue una reacción espontánea o un acto premeditado.
El contexto político y judicial
La Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas, como la falta de imparcialidad judicial, acusaciones de lawfare, violación del principio de “non bis in idem”, ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández, desigualdad en el tratamiento de la prueba, celeridad inusual del proceso, desproporcionalidad de las penas impuestas y exposición mediática parcial y anticipada del caso. La vinculación del ataque a TN con este contexto añade complejidad a la investigación.
La causa avanza en la justicia federal, buscando determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales del ataque, así como el alcance de las conexiones políticas involucradas. El caso plantea interrogantes sobre la libertad de prensa y la polarización política en Argentina.