Indignación por Aumento Insuficiente en el Nomenclador de Discapacidad
El reciente anuncio de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre la actualización del nomenclador para el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral ha generado una ola de críticas y protestas. El incremento, que oscila entre el 29% y el 35%, ha sido calificado como insuficiente e incluso ilegal por diversas organizaciones y referentes del sector.
La ley de Emergencia, aprobada por el Congreso, establecía un piso de aumento del 70% para los prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad. El anuncio de ANDIS, por lo tanto, incumple flagrantemente esta normativa, dejando a los prestadores y a las personas con discapacidad en una situación de vulnerabilidad aún mayor.
"Es repugnante", declaró la actriz Vanina Bassi, sumándose a las voces que denuncian la falta de compromiso del gobierno con este sector de la población. Organizaciones sociales se movilizaron frente a la Casa Rosada para expresar su descontento y exigir el cumplimiento de la ley.
¿Qué implica este incumplimiento?
- Deterioro de la calidad de los servicios ofrecidos a personas con discapacidad.
- Dificultad para los prestadores de cubrir los costos operativos y mantener la atención.
- Aumento de la desigualdad y la exclusión social.
La situación es especialmente grave considerando el contexto económico actual, con una inflación galopante que erosiona el poder adquisitivo de los prestadores y las familias que dependen de estos servicios. La falta de una actualización acorde a la ley de Emergencia agrava la crisis y pone en riesgo la atención integral de las personas con discapacidad.
Posible conexión con escándalo en ANDIS
Cabe recordar que la ANDIS se encuentra en el ojo de la tormenta debido a denuncias de corrupción. Audios filtrados revelan un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos, donde se menciona a Karina Milei recibiendo comisiones. Si bien no hay imputaciones formales, la cercanía de la hermana del presidente con funcionarios involucrados genera suspicacias y pone en duda la transparencia en la gestión de la agencia. La falta de recursos destinados al sector discapacidad podría estar relacionada con estas irregularidades, afectando directamente a quienes más lo necesitan.
Es crucial que las autoridades tomen medidas urgentes para corregir esta situación y garantizar el cumplimiento de la ley. La atención de las personas con discapacidad debe ser una prioridad, y no un área relegada por la falta de recursos y la corrupción.