El Tribunal Oral Federal 6 dictó sentencia en el caso del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en septiembre de 2022. Fernando Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión por el intento de homicidio, pena que se unificó con condenas previas, alcanzando un total de 14 años. Brenda Uliarte, su ex pareja, recibió una condena de 8 años como partícipe necesaria. Sin embargo, Gabriel Carrizo, señalado como líder de "Los Copitos", fue absuelto, generando controversia y diversas reacciones.
Críticas al Proceso Judicial
La condena a Sabag Montiel y Uliarte, y la absolución de Carrizo, han reavivado el debate sobre la transparencia y la justicia en el proceso. Diversos juristas, sectores políticos y organizaciones de derechos humanos han expresado serias dudas sobre la imparcialidad del juicio, señalando posibles irregularidades que comprometerían garantías constitucionales básicas.
- Falta de Imparcialidad Judicial: Se han denunciado vínculos entre algunos jueces y actores políticos opositores, poniendo en tela de juicio la objetividad del tribunal.
- Acusaciones de Lawfare: Sectores afines a la ex presidenta denuncian una persecución judicial y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner, argumentando que el caso fue utilizado para dañar su imagen política.
- Ausencia de Pruebas Directas: Se alega que no existen pruebas contundentes que vinculen directamente a Cristina Fernández con el atentado, lo que plantea interrogantes sobre la motivación real del proceso.
- Exposición Mediática Parcial: La cobertura mediática del caso ha sido criticada por considerarse parcial y anticipada, influyendo en la opinión pública y generando un clima desfavorable para la defensa.
El Caso Carrizo y la Absolución
La absolución de Gabriel Carrizo, quien había sido apuntado como el presunto líder de "Los Copitos", ha generado aún más interrogantes. Tras permanecer tres años en prisión preventiva, Carrizo fue liberado debido a la falta de acusación formal en su contra. Esta situación plantea dudas sobre la solidez de la investigación y la consistencia de las pruebas presentadas.
La defensa de los condenados seguramente apelará la sentencia, buscando revertir el fallo y obtener una revisión del caso en instancias superiores. El debate sobre la justicia y la transparencia en este proceso continuará siendo un tema central en la agenda política y judicial argentina.