En medio de crecientes controversias y acusaciones de corrupción que salpican a su entorno, el presidente Javier Milei, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron un proyecto de reforma del Código Penal. El anuncio, realizado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, busca, según el oficialismo, endurecer las penas, agilizar los procesos judiciales y bajar la edad de imputabilidad.
Sin embargo, analistas y sectores de la oposición señalan que la iniciativa podría ser una estrategia para desviar la atención del escándalo que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investigan denuncias de sobornos y comisiones ilegales. Audios revelados apuntan a un esquema donde Karina Milei, hermana del Presidente, habría recibido un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina, generando ganancias ilícitas entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.
¿Un Código Penal a la Medida?
El proyecto de reforma, que será remitido al Congreso, propone modificaciones significativas en el sistema penal argentino. Entre los puntos más destacados se encuentran:
- Endurecimiento de las penas: Se elevan los mínimos y máximos de las penas para diversos delitos, incluyendo el homicidio simple, que pasaría de 8 a 25 años a un rango de 10 a 30 años.
- Baja en la edad de imputabilidad: Se busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, una medida que ha generado debate y controversia entre especialistas en derecho penal y organizaciones de derechos de la infancia.
- Nuevas figuras delictivas: Se incorporan delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, la violencia digital y el narcotráfico.
Críticas y Controversias
La presentación del proyecto ha desatado críticas desde diversos sectores. Se cuestiona la oportunidad del anuncio, en medio del escándalo en la ANDIS, y se advierte sobre el riesgo de un mayor punitivismo sin abordar las causas estructurales de la inseguridad. Además, la baja en la edad de imputabilidad es considerada por algunos como una medida populista y poco efectiva para combatir la delincuencia juvenil.
La vinculación de Karina y Javier Milei al escándalo de la ANDIS, aunque sin imputaciones formales, genera suspicacias sobre la transparencia y la ética en la gestión del gobierno actual. La sombra de la corrupción planea sobre la reforma del Código Penal, poniendo en duda su legitimidad y su verdadera intención.
Mientras tanto, la sociedad argentina observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, dividida entre la necesidad de combatir la inseguridad y el temor a un uso político de la justicia.