EEUU: Protección para Niños Migrantes Guatemaltecos y Hondureños
Una jueza federal en Arizona ha bloqueado temporalmente los esfuerzos de la administración estadounidense para deportar a niños guatemaltecos y hondureños que se encuentran bajo el cuidado del gobierno. Esta decisión surge ante el temor expresado por los menores de regresar a sus países de origen, donde podrían enfrentar situaciones de riesgo.
La jueza de distrito Rosemary Márquez extendió una orden inicial emitida durante el fin de semana del Día del Trabajo, impidiendo así la repatriación inmediata de estos niños. La acción legal fue impulsada por abogados que representan a los menores, quienes argumentan que el gobierno no está cumpliendo con las leyes diseñadas para proteger a los niños migrantes. Los defensores legales alegan que sus clientes temen regresar a sus hogares y que se están violando sus derechos al debido proceso.
Demandas y Argumentos Legales
Una demanda colectiva, presentada en Arizona en nombre de 57 niños guatemaltecos y 12 hondureños de entre 3 y 17 años, exige que el gobierno permita a los niños presentar sus casos ante un juez de inmigración, tener acceso a asesoría legal y ser ubicados en el entorno menos restrictivo posible, priorizando su bienestar. Demandas similares han sido presentadas en Illinois y Washington, D.C., buscando impedir la deportación de niños en esas jurisdicciones.
Casi todos los niños involucrados en la demanda se encontraban bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, residiendo en refugios en las áreas de Phoenix y Tucson. La administración estadounidense justificó sus acciones argumentando que actuaba en el mejor interés de los niños, intentando reunirlos con sus familias a petición del gobierno guatemalteco. Sin embargo, esta justificación no ha sido suficiente para convencer a la jueza Márquez, quien ha priorizado la protección de los derechos de los menores.
Este caso pone de relieve la compleja situación de los niños migrantes no acompañados y la necesidad de garantizar su seguridad y bienestar, respetando sus derechos legales en el proceso migratorio.