Atentado a CFK: Fiscales piden duras penas para Sabag Montiel y Uliarte
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El juicio por el atentado contra la ex Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner avanza con los alegatos finales. La fiscal Gabriela Baigún solicitó una pena de 19 años de prisión para Fernando Sabag Montiel, el acusado de gatillar el arma, y 14 años y dos meses para Brenda Uliarte, su ex pareja, por el delito de “tentativa de homicidio con alevosía”. Sorpresivamente, la fiscalía solicitó la absolución de Nicolás Carrizo, conocido como el jefe de “Los Copitos”.
El mensaje clave de Sabag Montiel
Durante los alegatos, resonó en la sala un audio de Sabag Montiel enviado a Uliarte días antes del atentado, donde describía el caos que podría generar al disparar un arma entre la multitud que apoyaba a CFK. Este mensaje fue presentado como una prueba clave de la premeditación del ataque.
La fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), propuso calificar el hecho como “tentativa de femicidio”, añadiendo una perspectiva de género al análisis del caso.
Liberación de Nicolás Carrizo
En un giro inesperado, el Tribunal Oral Federal 6 ordenó la liberación de Nicolás Carrizo, quien había estado preso casi tres años. Tanto la fiscalía como la querella retiraron los cargos en su contra al no encontrar pruebas sólidas de su participación en el atentado. Carrizo había sido procesado inicialmente como “partícipe secundario”.
La decisión de la querella de no acusar a Carrizo sugiere una estrategia para desvincular el atentado del grupo marginal “Los Copitos” y apuntar a posibles instigadores con mayor poder político. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido probada en el juicio.
La situación de Sabag Montiel y Uliarte
La fiscal Baigún fundamentó su pedido de condena para Sabag Montiel y Uliarte en la gravedad del hecho y la intención de atentar contra la vida de la entonces Vicepresidenta. La fiscal consideró como agravante la calidad institucional de la víctima.
Este caso, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.